Deuda dominicana aumenta casi US$6,000 millones en seis meses

El saldo del sector público no financiero alcanzó US$67,370.7 millones en junio de 2026. La deuda interna explicó cerca del 57 % del aumento y registra una tasa promedio del 10.8 %.

SANTO DOMINGO.— La deuda del sector público no financiero (SPNF) de República Dominicana aumentó US$5,820.8 millones entre diciembre de 2025 y junio de 2026, al pasar de US$61,549.9 millones a US$67,370.7 millones.

El crecimiento nominal fue de aproximadamente 9.5 % en solo seis meses, según las estadísticas publicadas por la Dirección General de Crédito Público y el Informe de Medio Término enero-junio de 2026 de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

Al cierre de junio, la deuda del SPNF equivalía al 47.9 % del producto interno bruto (PIB). La cifra no representa toda la deuda pública consolidada, debido a que no incorpora la totalidad de las obligaciones del Banco Central.

La deuda interna concentró la mayor parte del aumento

La deuda externa pasó de US$45,479.3 millones en diciembre de 2025 a US$47,989.7 millones en junio de 2026, para un incremento de US$2,510.4 millones.

Durante el mismo periodo, la deuda interna aumentó de US$16,070.6 millones a US$19,381 millones, lo que representa una variación de US$3,310.4 millones.

Esto significa que la deuda contratada en el mercado interno explicó aproximadamente el 56.9 % del aumento total registrado durante los primeros seis meses del año.

Pese al crecimiento del financiamiento local, la deuda externa continúa siendo el componente principal del portafolio. En junio representaba el 71.2 % del total, mientras que la deuda interna equivalía al 28.8 %.

El incremento del saldo no debe interpretarse automáticamente como dinero nuevo gastado durante el semestre. La deuda acumulada también cambia por desembolsos, amortizaciones, emisiones de bonos, variaciones del tipo de cambio y otros ajustes financieros.

¿Cuánto representa la deuda por habitante?

Tomando como referencia la estimación de población de medio año de 2026, calculada en 11,609,500 habitantes a partir de World Population Prospects 2024 de Naciones Unidas, el saldo de la deuda del SPNF equivale a aproximadamente US$5,803 por habitante. 

Si se divide únicamente el aumento registrado entre enero y junio, el resultado equivale a cerca de US$501 adicionales por cada residente del país.

Este cálculo es una referencia estadística para dimensionar el endeudamiento. No significa que cada ciudadano tenga una deuda legal individual por ese monto ni que deba pagarlo directamente.

La Oficina Nacional de Estadística informó que publicaría el 6 de agosto de 2026 sus nuevas estimaciones y proyecciones de población, por lo que el cálculo por habitante podrá actualizarse cuando esté disponible la nueva cifra nacional. 

Más de RD$141,000 millones pagados en intereses

El Presupuesto Consolidado del sector público no financiero para 2026 contempla RD$324,257.1 millones para el pago de intereses, equivalentes al 23 % del gasto corriente presupuestado.

En cuanto a la ejecución del Gobierno Central, entre enero y junio se pagaron RD$92,538.8 millones en intereses de la deuda externa y RD$49,219.5 millones por intereses de la deuda interna.

En conjunto, los intereses directos alcanzaron RD$141,758.3 millones durante el primer semestre. Al añadir RD$858.4 millones en comisiones, el monto total ascendió a RD$142,616.7 millones, según el informe de ejecución presupuestaria de DIGEPRES.

Esa cantidad representó el 21.4 % del gasto corriente ejecutado por el Gobierno Central y fue aproximadamente 75 % superior a los RD$81,515.6 millones destinados a gastos de capital durante el mismo periodo.

Distribuidos estadísticamente entre la población estimada, los intereses y comisiones pagados durante los primeros seis meses equivalen a unos RD$12,285 por habitante.

Algunos documentos presupuestarios presentan una cifra funcional de RD$161,816.7 millones bajo el concepto de intereses y comisiones. La diferencia se explica porque esa clasificación incorpora RD$19,200 millones destinados a la recapitalización del Banco Central. Para medir el pago directo de intereses de la deuda, esta nota utiliza los RD$141,758.3 millones ejecutados con ese propósito.

Este comportamiento se produce en un año en que el Congreso también aprobó una modificación del Presupuesto General del Estado 2026, por lo que el seguimiento de las necesidades de financiamiento debe realizarse sobre las cifras presupuestarias actualizadas. 

¿Cuáles son los riesgos del crecimiento de la deuda interna?

El aumento del financiamiento local tiene ventajas para el manejo cambiario, pero también presenta riesgos relacionados con el costo de los intereses, los vencimientos y la disponibilidad de crédito para el sector privado.

Una tasa promedio más elevada

La tasa de interés promedio de la deuda interna alcanzó el 10.8 %, frente al 6.4 % correspondiente a la deuda externa.

Las dos tasas no son completamente comparables porque el 92 % de la deuda interna está denominada en pesos, mientras que una proporción importante de la externa fue contratada en dólares y otras monedas.

La deuda en pesos tiene un costo nominal más alto, pero evita que una depreciación cambiaria aumente directamente su valor en moneda nacional. La deuda externa puede presentar una tasa menor, pero mantiene al Estado expuesto a las variaciones del tipo de cambio.

Vencimientos más cercanos

El plazo promedio de la deuda interna es de 7.1 años, mientras que el de la deuda externa se sitúa en 11.2 años.

Un plazo menor obliga al Gobierno a refinanciar sus obligaciones con mayor frecuencia. Si las tasas locales aumentan cuando esos títulos vencen, el Estado podría tener que renovar la deuda bajo condiciones más costosas.

El riesgo no consiste únicamente en pagar más intereses, sino también en depender permanentemente de que existan compradores suficientes para las nuevas emisiones.

Posible presión sobre el crédito privado

Cuando el Gobierno coloca más bonos en el mercado interno, bancos, administradoras de fondos de pensiones y otros inversionistas pueden destinar una parte mayor de sus recursos a títulos públicos.

Debido a que estos instrumentos suelen considerarse de bajo riesgo, pueden resultar más atractivos que financiar empresas, viviendas o proyectos productivos. Si la colocación de deuda pública absorbe una proporción elevada del ahorro nacional, podría disminuir la disponibilidad de crédito privado o mantener altas las tasas de interés.

Este efecto no es automático. Depende de la liquidez del sistema financiero, la demanda de los inversionistas y las decisiones del Banco Central, pero constituye uno de los riesgos que deben vigilarse.

Menor espacio para inversión y servicios públicos

El crecimiento del pago de intereses también reduce los recursos disponibles para infraestructura, salud, educación, seguridad y programas sociales.

Cuando una parte importante del presupuesto debe utilizarse para atender obligaciones anteriores, el Gobierno dispone de menos margen para responder a una recesión, un desastre natural o una nueva emergencia.

Por esa razón, la sostenibilidad no depende solamente del tamaño de la deuda frente al PIB. También debe analizarse cuánto cuesta mantenerla, cuándo vence y si los recursos tomados en préstamo se utilizan en proyectos capaces de generar crecimiento e ingresos futuros.

La deuda en pesos reduce la exposición cambiaria

El crecimiento de la deuda interna no debe considerarse automáticamente más perjudicial que el endeudamiento externo.

Su principal ventaja es que reduce la exposición del Estado a las fluctuaciones del dólar. Alrededor del 92 % de la deuda interna está denominada en pesos y el 88.9 % del portafolio total fue contratado a tasa fija.

Estas características disminuyen parcialmente la vulnerabilidad inmediata frente a una depreciación del peso y a cambios repentinos en las tasas internacionales.

El desarrollo del mercado local de bonos también puede ampliar las alternativas de inversión para los fondos de pensiones y otros ahorrantes institucionales. El desafío consiste en evitar que el costo, los vencimientos y el volumen de las colocaciones terminen presionando excesivamente las finanzas públicas o desplazando el crédito privado.

¿El aumento representa una crisis de deuda?

El crecimiento de US$5,820.8 millones en seis meses constituye una señal que requiere seguimiento, pero por sí solo no demuestra que República Dominicana se encuentre ante una crisis de insolvencia.

La sostenibilidad depende del crecimiento económico, las recaudaciones, el balance fiscal primario, las tasas de interés, el tipo de cambio, el calendario de vencimientos y el destino dado a los recursos obtenidos.

La actualización oficial de junio proyecta que la deuda del SPNF podría cerrar 2026 alrededor del 47 % del PIB. Es posible que el saldo nominal continúe aumentando mientras la relación deuda-PIB disminuye, siempre que la economía crezca a un ritmo superior.

Sin embargo, esa reducción proporcional no elimina el costo financiero. Aunque la economía crezca, el Gobierno debe generar ingresos suficientes para cubrir los intereses y amortizaciones sin reducir de manera significativa la inversión pública.

La Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal establece como objetivo llevar la deuda del Gobierno General al 40 % del PIB en 2035. Esa medición no es exactamente igual a la deuda del SPNF, pero funciona como referencia para evaluar la trayectoria fiscal de largo plazo.

Conclusión

La deuda del sector público no financiero aumentó casi US$6,000 millones durante los primeros seis meses de 2026, y más de la mitad de esa variación se concentró en el mercado interno.

El financiamiento en pesos ayuda a reducir el riesgo cambiario, pero llega acompañado de una tasa promedio del 10.8 % y de vencimientos más cercanos que los correspondientes a la deuda externa.

El dato más preocupante no es únicamente el crecimiento del saldo, sino la presión que comienza a ejercer el pago de intereses sobre el presupuesto. Durante el primer semestre, los intereses y comisiones superaron en aproximadamente 75 % los recursos ejecutados como gasto de capital.

El principal reto para las autoridades será demostrar que el nuevo endeudamiento está financiando inversiones capaces de elevar la productividad, las recaudaciones y la capacidad futura de pago del Estado.

Análisis | La Voz Nacional

El aumento de la deuda dominicana debe analizarse sin alarmismo, pero también sin reducir la discusión a que el saldo representa el 47.9 % del PIB.

La deuda pública es una herramienta necesaria para financiar infraestructura, cubrir necesidades temporales y responder ante emergencias. El problema aparece cuando crece de manera persistente para cubrir déficits corrientes o pagar obligaciones anteriores, sin producir un aumento equivalente en la capacidad económica del país.

La mayor participación de la deuda interna ofrece una protección importante frente a la depreciación del peso. Cuando el Gobierno se endeuda en moneda nacional, una subida del dólar no incrementa directamente esas obligaciones.

Sin embargo, esa protección tiene un precio. La tasa promedio del 10.8 % es elevada y el plazo de 7.1 años obliga al Estado a regresar con mayor frecuencia al mercado para refinanciar sus vencimientos.

También debe vigilarse la relación entre el Gobierno y los principales compradores de bonos locales. Los fondos de pensiones, bancos y otras instituciones financieras administran una parte considerable del ahorro nacional. Si una proporción creciente de esos recursos se concentra en títulos públicos, puede reducirse el financiamiento disponible para empresas y proyectos privados.

El pago de intereses permite observar con mayor claridad la presión fiscal. Destinar RD$142,616.7 millones a intereses y comisiones en seis meses, un monto superior al gasto de capital, significa que una parte importante del presupuesto ya está comprometida antes de atender nuevas inversiones y necesidades sociales.

Esto no demuestra una crisis inmediata. La composición en pesos, la elevada proporción de tasas fijas y el crecimiento económico funcionan como elementos de protección. No obstante, esos factores no sustituyen la necesidad de mantener balances fiscales responsables y utilizar el financiamiento en actividades productivas.

La discusión pública debería concentrarse en tres preguntas fundamentales: para qué se está tomando la deuda, qué rendimiento económico o social generan los proyectos financiados y cómo cumplirá el Estado las metas de responsabilidad fiscal sin deteriorar los servicios públicos.

La deuda puede contribuir al desarrollo cuando financia activos que benefician a varias generaciones. Cuando se utiliza repetidamente para sostener gastos corrientes, su costo termina trasladándose a los presupuestos, contribuyentes y servicios públicos del futuro.

Fuentes consultadas

Dirección General de Crédito Público

Informe de Medio Término enero-junio de 2026 — DIGEPRES

Informe de ejecución y avance presupuestario — DIGEPRES

Presupuesto Consolidado del SPNF 2026

Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2030

World Population Prospects 2024 — Naciones Unidas